30/06/2003

El pulso por el petróleo

El aumento de la producción petrolera es de vida o muerte para el Ecuador. Pero ciertos intereses pueden desbaratar el único camino de salida para el país

La dolarización pende de un hilo, una fina cuerda que se llama aumento de la producción de Petroecuador. No es una entelequia económica: el bienestar de millones de ecuatorianos está sujeto a la decisión que se tome en estos meses para aumentar la producción petrolera, para lo que es imprescindible el trabajo con empresas extranjeras. Este panorama, simplificado y apocalíptico, es el centro de una disputa de intereses particulares que si no se resuelve con visión de Estado tendrá un efecto mortal en la economía ecuatoriana.

Ciertamente, el mayor rubro de dólares que ingresa al país proviene de la explotación petrolera, eso a pesar de que los grandes campos que maneja Petroecuador (ITT, Sacha, Shushufindi, Auca, Cononaco y Libertador) pasaron de un producción de alrededor de 200 mil barriles diarios a 150 mil. Una pérdida irrecuperable por la falta de inversión. En el Estado financiero del país el consenso es general: el nivel sólo podrá aumentar con la ayuda de compañías extranjeras. Pero sólo hasta ahí llega la unanimidad y se abre el punto álgido del debate: de qué forma se trabajará con estos posibles inversionistas.

En un lado de la cancha está la opinión del ministro de Energía, el coronel retirado Carlos Arboleda Heredia, quien desde que ocupó su cargo comenzó a investigar cuál era la mejor forma para concretar esta figura. Arboleda, quien no es un perito en petróleos, se asesoró con varios expertos sobre el tema, y le apostó a la asociación. Esta es una figura que se contempla en los contratos de exploración y de explotación de riesgo, según la cual la compañía extranjera realiza la inversión y cuando logra subir la producción a los límites impuestos (en este caso sería los 200 mil barriles) se lleva una parte preestablecida de la producción.

En ese camino, inclusive, ya presentó varias propuestas de contratos de asociación para cada campo, con reformas específicas para poder llevarlas a cabo ya que en la ley Trole I esta figura fue aceptada pero en la Trole II fue abolida. Todo fue lanzado con gran pompa en un cóctel el 30 de mayo en la Presidencia, donde se entregaron los contratos a los representantes de las compañías petroleras que trabajan en el país. De esta forma se iniciaría la licitación para campos que son deseables para cualquier compañía en el mundo, y con esto podrían venir, instalarse, subir la producción y devolvernos una parte para así subir los ingresos que hacen falta a las arcas estatales.

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