Energía: siete puntos pendientes en las eléctricas
Quito.
La fecha de la subasta de las empresas eléctricas todavía es un acertijo. Unos apuestan a los primeros días de diciembre y otros creen que será luego de las fiestas de Quito. Lo cierto es que eso dependerá de la agilidad de las autoridades para resolver los siete temas pendientes para la venta parcial de las empresas.
El director del Consejo Nacional de Modernización (Conam), Antonio Peré, señaló hace dos semanas que el Estado asumirá alrededor de 130 millones de dólares de las deudas de las empresas eléctricas entre noviembre del 2000 y junio del 2001. "Estará en los próximos días", dijo, al señalar que lo anterior se hará a través de un decreto ejecutivo.
Pero éste reposa en la Presidencia de la República y hasta ayer no tenía signos de publicarse. En Carondelet señalaron que "se hará en los próximos días".
Este tema debe quedar claro para establecer exactamente el monto de deudas que asumirá el Estado y el período que abarcará, ya que desde junio pasado hasta la fecha se sigue acumulando una deuda que implicará un castigo en el precio de las empresas.
Otro tema por resolver es la valoración de las 17 empresas eléctricas, que debió realizarse el siete de septiembre pasado pero registra retrasos. Mañana está prevista la llegada de una delegación de funcionarios y técnicos de Salomon Smith, con el fin de definir este tema. Eso también permitirá que los municipios y consejos provinciales decidan participar en el proceso a través de la venta de sus acciones. El Conam informó que lo más probable es que la valoración se conozca la próxima semana.
Mientras tanto, las tres empresas interesadas en comprar las eléctricas mantienen reuniones con las autoridades del Consejo Nacional de Electricidad (Conelec), para definir el contrato modelo de concesión que durará 30 años. "Es necesario que no haya dudas que generen conflictos durante su vigencia", señaló uno de los empresarios interesados.
Pero el Conelec también tiene un tema pendiente por resolver. Se trata de la renegociación de los contratos entre las distribuidoras de electricidad y las empresas de generación. Estos tienen vigencia de un año pero tendrán que cambiarse a cuatro, ya que las nuevas tarifas de electricidad se calcularon a ese plazo.
Además, las empresas hidroeléctricas elevaron hasta el 80 por ciento el porcentaje de energía que pueden vender a través de contratos a plazo. Eso obliga a rehacer los cálculos financieros en las empresas distribuidoras para determinar los compromisos a futuro y el impacto en el flujo de caja.
Un cuarto tema es la aclaración de las normas de calidad del servicio eléctrico y las pérdidas negras de energía. El Reglamento de Tarifas establece que "los límites admisibles para las pérdidas no técnicas serán fijadas por el Conelec... hasta llegar al 2 por ciento en el año 2002, porcentaje máximo aceptable que deberá mantenerse a futuro".
Ese porcentaje de pérdidas es imposible de conseguirse para el próximo año. Si no se ha hecho en la última década, no se puede exigir a la empresa privada que lo haga de la noche a la mañana, dijo el representante de una compañía que participa en el proceso. Los inversionistas conocen que las empresas de distribución registran actualmente pérdidas sobre el 12 por ciento y en algunos casos más. De ahí que pidieron a las autoridades que se redefina el cronograma de reducción de pérdidas a partir de la fecha en que ellos adquieran las empresas.
La regulación que fijó los parámetros de reducción de pérdidas negras fue aprobada por el directorio del Conelec el 30 de marzo de 1999. Con base en ello se fijan las tarifas de electricidad, pues el Conelec solo reconoce parte de esas pérdidas. Si éstas se reducen, su impacto en las tarifas será menor, lo cual beneficiará al consumidor. Pero en los últimos dos años no se registra una disminución de esas pérdidas, lo cual afecta las finanzas de las eléctricas y se traducen en más pérdidas económicas.
Los temas laboral y tributario también requieren de aclaraciones. Las empresas eléctricas no registraron en sus balances financieros las reservas por jubilación patronal para sus empleados, lo cual es una deuda pendiente que debe quedar clara antes de la subasta.
Asimismo, las eléctricas debieron pagar impuestos como cualquier otra sociedad anónima, según el Servicio de Rentas Internas (SRI), pero éstas argumentan que al ser empresas con capital público no se sujetan a esas regulaciones. Este tema tampoco está definido por las autoridades.
Un último punto por aclarar es el conflicto legal con el Tribunal Constitucional (TC), que declaró inconstitucional la venta de las acciones del Fondo de Solidaridad para usar el capital en obras sociales.
La interpretación de esa resolución generó una polémica entre el TC y el Gobierno, que todavía no termina por aclararse.
Martes, 13 de Noviembre del 2001
